Docenas de personas abordaron a una comisión federal la noche del martes para quejarse de un programa federal que verifica el estatus migratorio de detenidos y los antecedentes penales de presos.

El programa, conocido como Comunidades Seguras y administrado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), ha resultado en cientos de miles de deportaciones.

El programa empezó en el condado de Dallas en noviembre de 2008 durante la gestión de la sheriff Lupe Valdez.

La funcionaria es parte del grupo de tarea que albergó la primera de una serie de asambleas públicas que se realizarán en todo el país.

El grupo es parte de un consejo asesor del Departamento de Seguridad Nacional para hacer recomendaciones al ICE sobre las formas de mejorar el programa Comunidades Seguras.

Algunos de las 150 personas que asistieron a la reunión pidieron cancelar el programa, alegando que divide a las familias por las deportaciones.

Otros se abstuvieron de pedir el fin del programa, pero dijeron que genera desconfianza hacia la policía en las comunidades inmigrantes, siendo que la policía necesita cultivar testigos o ayudar a los inmigrantes víctimas de algún crimen.

En inglés y en español, otros criticaron el nombre del programa, diciendo que no hacía a los inmigrantes sentirse seguros en su comunidad sino sentir miedo.

Larry Boyd, jefe de policía de Irving, sostuvo que es difícil encontrar "soluciones fáciles" al problema inmigración ilegal.

En el programa las autoridades policiales estatales y locales pueden acceder a dos bases de datos federales que identifican simultáneamente a aquellas personas que tienen antecedentes delictivos y aquellos que han tenido contacto con las autoridades de inmigración federales.

Anna González, residente de Irving, dijo que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados tienen miedo de llamar a las autoridades si alguien en casa sufre una emergencia médica.

El miedo, dijo González, es que el incidente derive en una deportación.

"No persigan a los inocentes. Persigan a los cárteles", dijo González.

Yolanda Castillo-Crosley, activista del Proyecto Organizador de Texas, señaló a la sheriff Valdez. No sean "cómplices", dijo.

Otros hicieron notar que el programa ha resultado en la deportación de personas que no tienen antecedentes delictivos, aún por faltas menores.

Al final de la reunión Valdez dijo que si entre los presentes había personas "del otro lado" que quisieran hablar, podían enviar comentarios a TFSC@dhs.gov ó visitar el sitio www.dhs.gov/hsac.

"Tenemos una tarea difícil frente a nosotros y lo que sea que hagamos alguien nos va a odiar", dijo Valdez, quien antes de su elección como sheriff en 2004 había trabajado para la agencia antecesora del ICE.

El ICE es una de las muchas dependencias pertenecientes al Departamento de Seguridad Interior.

Al final de la reunión, Valdez dijo que hay aspectos del programa Comunidades Seguras que la hacen sentir "incómoda".

Dijo que Comunidades Seguras le fue vendido como una forma de sacar del país a los criminales duros como los asesinos y los violadores.

"Ese es un beneficio", dijo.

Pero aquellos que cometen delitos menores Clase C por infracciones de tránsito simplemente no pueden caber todos en la cárcel mientras las autoridades locales esperan a que empiecen los procedimientos federales de deportación, dijo.

"Hay mujeres en relaciones abusivas que no dicen nada por miedo a la deportación", dijo Melissa Waver, del grupo Iniciativa de Derechos Humanos.

"Comunidades Seguras va contrario a los derechos humanos", concluyó.

Con información obtenida por Lourdes Vázquez, colaboradora de Al Día