Veracruz — Rafael Echevarría tenía un empleo estable en una fábrica, una vivienda modesta y suficiente dinero para llevar ocasionalmente a su familia a comer a un restaurante de McDonald’s.

Llevaba una buena vida hasta que la guerra de las drogas estalló en Ciudad Juárez. A eso se sumaron dos robos en los que los ladrones ingresaron a su casa, un grupo de extorsionadores lanzó una amenaza a la escuela donde estudiaba su hija y quienes al final atacaron a disparos el autobús de la institución.

Cuando comenzaron los disparos, Valeria, de seis años, se lanzó al piso, rompiéndose un diente. Le salió tanta sangre de la boca que sus padres pensaron que la niña había recibido un tiro.

Al día siguiente, Echevarría, su esposa y sus dos hijos abordaron un vuelo de regreso al sureño Veracruz, su estado natal. Algo similar han hecho otras 1.600 personas que alguna vez emigraron al norte en busca de empleo en las “maquiladoras” (plantas extranjeras de ensamblaje) y que luego regresaron al sur en busca de seguridad.

El gobierno del estado de Veracruz pagó los vuelos y garantizó a los refugiados de la guerra del narcotráfico que tendrían empleos, educación y vivienda.

En aquel momento, los Echevarría pensaron que aquélla era la única solución, pero la violencia los siguió hasta Veracruz.

Las ofensivas militares contra los cárteles de las drogas y las disputas entre las distintas organizaciones criminales han llevado la guerra a zonas otrora tranquilas. Un año después de su huida, los Echevarría no sólo se vieron atrapados de nuevo en una oleada de violencia, sino que siguen sin recibir la ayuda prometida.

En Ciudad Juárez, los Echevarría tenían una casa y una camioneta. En Veracruz han debido empeñar sus aparatos electrónicos y mudarse a una humilde casa de concreto para pagar sus gastos. El sacrificio de la solvencia para tener seguridad resultó infructuoso.

“Si no hubiera pasado nada, nosotros estuviéramos viviendo muy bien”, dijo Echevarría. “Ahorita estamos en la pobreza... Estamos en un hoyo. Muy difícil que salgamos de ahí”.

La familia figura entre los miles de mexicanos que forman la diáspora de la violencia del narcotráfico que parece extenderse y desplazarse en vez de cesar, mientras más de 45.000 efectivos combaten a los cárteles y varios recuentos apuntan a una cifra de más de 40.000 muertos.

Sondeos recientes de la firma Parametría encontraron que 1,6 millones de mexicanos se han mudado por la violencia de las drogas desde 2006. Un estudio del Centro de Observación de Desplazados Internos, con sede en Ginebra, calculó el número en 230.000 en 2010 y estimó que la mitad de esa cifra huyó a Estados Unidos.

Otro estudio, del demógrafo Rodolfo Rubio en el Colegio de la Frontera Norte, señala que 200.000 personas han emigrado de Ciudad Juárez a otras ciudades estadounidenses entre 2007 y 2010.

Muchos de los afectados son trabajadores o pobres que no pueden salir del país.

“Para irse a Estados Unidos, los que tienen un estatus, pequeños, medianos empresarios, ellos no tienen problema”, explicó Genoveva Roldán, experta en migración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. “No es el caso de los trabajadores, de los que estaban en las maquiladoras. Ellos no tienen esas opciones.”