Phoenix - El gobierno federal de Estados Unidos dijo esta semana que el hombre que se autocalificó como el alguacil más duro en el país dirigió una oficina que cometió una amplia gama de violaciones de los derechos civiles contra los latinos, incluyendo un patrón de discriminación racial y estrictos patrullajes basados en denuncias racistas.

El experto en asuntos de discriminación racial del Departamento de Justicia lo calificó como el caso más atroz que ha visto, dijo a periodistas el jefe de la división de derechos civiles del departamento.

El informe sobre el alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio, es la reprobación más severa del gobierno federal a un hombre que saltó a la fama nacional por reprimir la inmigración. Los candidatos presidenciales republicanos han competido por su apoyo.

Arpaio ha negado desde hace mucho tiempo la acusación de discriminación racial y adoptó un tono desafiante en respuesta al informe, al calificarlo como un ataque con motivos políticos por parte del gobierno del presidente Barack Obama que traerá inseguridad a Arizona al mantener en las calles a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

"No vengan aquí a usarme como chivo expiatorio de un problema nacional e internacional", dijo en una conferencia de prensa.

Arpaio ha ganado fama por alojar a reclusos en carpas y darles ropa interior de color rosa, diciendo que es intolerante con el delito y llevando al límite lo que la policía puede hacer para enfrentar la inmigración ilegal.

Aparte de la investigación sobre derechos civiles, un jurado federal también ha investigado la oficina de Arpaio por denuncias de abuso de poder desde diciembre del 2009.

El informe sobre derechos civiles requerirá que Arpaio establezca políticas antidiscriminatorias efectivas, mejore la instrucción del personal y haga otros cambios que serán observados por un juez.

El alguacil tiene de plazo hasta el 4 de enero para decir si quiere negociar un acuerdo. De no hacerlo, el gobierno federal lo demandará y dejará la decisión en manos de un juez.

Tras la investigación, el Departamento de Justicia prohibió al alguacil que verifique el estatus migratorio de los presos, pues determinó que Arpaio incurría en el "desconocimiento institucional" de los derechos constitucionales de los latinos al reprimir la inmigración ilegal.

En una conferencia realizada el jueves, Thomas Pérez, que dirige la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, dijo que según el especialista del departamento sobre categorización racial, es el caso más flagrante en el país que él conozca o sobre el cual haya leído.

El informe reprende a la oficina del alguacil por lanzar redadas inmigratorias, basadas simplemente en quejas de que latinos estaban reunidos cerca de un negocio sin cometer ningún delito.

El informe señala que es entre cuatro y nueve veces más probable que un latino sea detenido en paradas de tránsito en el condado de Maricopa que los no latinos. Agentes de la brigada contra el tráfico de inmigrantes detienen y arrestan a los conductores latinos sin causa justificada, concluyó la investigación.