Los gobiernos estatales y locales, como el de Farmers Branch, deben analizar el costo financiero y la tensión que se pueda causar a las relaciones comunitarias cuando "experimentan" con ordenanzas dirigidas contra la inmigración ilegal, señalan dos estudios dados a conocer el lunes.

Los documentos fueron redactados por el Centro para el Progreso Americano, un grupo liberal de gestión con sede en Washington D.C., y en el Southern Poverty Law Center, una organización de derechos civiles asentada en Montgomery, Ala.

Uno de los estudios establece que cinco ciudades han gastado entre todas más de $9 millones en la defensa legal de ordenanzas por ellas propuestas.

Las leyes propuestas son anticonstitucionales, argumentan los autores de los estudios.

El cabildo municipal de Farmers Branch ha dicho que continuará en su lucha y, hace unas semanas impugnó formalmente un fallo de corte menor en Dallas que descalificaba como anticonstitucional su ordenanza contra los arrendadores de vivienda.

Entre otros puntos, el gobierno de la ciudad argumentaba que la renta de vivienda a inmigrantes indocumentados equivale a "ocultamiento" de extranjeros, lo cual está prohibido por la ley federal de inmigración.

David Koch, concejal de Farmers Branch, consideró que los reportes son "artículos de opinión parciales" que están siendo "promovidos por los medios de comunicación".

La ansiedad es lo que motiva a ambos grupos, dijo Koch, especialmente al Southern Poverty Law Center.

Su "verdadero miedo" es que "están a punto de quedar sepultados por una avalancha de leyes patrocinadas por el estado", dijo Koch.

"No hay suficientes abogados en ACLU, Lulac y Maldef para pelear todas esas batallas".

Las organizaciones hispanas de derechos civiles, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación, han impugnado las ordenanzas de Farmers Branch.

La más reciente querella de Farmers Branch fue presentada por el equipo de asesoría externo de la ciudad, en el que participa Kris Kobach, profesor de derecho afiliado al Instituto Jurídico de Reforma Migratoria, el brazo litigante de la Federación para la Reforma Migratoria Americana, de D.C.

La federación pugna por una observancia más estricta de la ley y mayores restricciones a la inmigración, y es uno de los grupos nacionales más vociferantes sobre el tema.

Pero Mark Potok, del Southern Poverty Law Center, dijo que "(el Instituto Jurídico de Reforma Migratoria) y Kris Kobach sólo están realizando experimentos sociales con la esperanza de que una de esas leyes pegue".

En Washington, Dan Stein, presidente de la federación, respondió: "La gente está buscando soluciones coherentes y duraderas a lo que no es más que ausencia de liderazgo".

El Southern Poverty Law Center se centró al papel de Kobach en ayudar a redactar y defender proyectos de ley en Hazleton, enPennsylvania; Valley Park, en Missouri; Farmers Branch, y Arizona.

Kobach recién fue electo secretario de Estado de Kansas.

El estudio se titula When Mr. Kobach Comes to Town: Nativist Laws & the Communities They Damage (Cuando viene el señor Kobach: leyes nativistas y las comunidades a las que dañan).

Stein discrepó particularmente con el documento del Southern Poverty Law Center, diciendo que no entiende su "estrategia de satanización".

Al defender su organización conservadora, Stein dijo que "ese discurso displicente sobre nacionalismo blanco.... no tiene un gramo de verdad".

No fue posible contactar a Kobach el lunes para conocer sus comentarios.

El Centro para el Progreso Americano y el grupo de derechos civiles de Alabama pidieron una reforma a las leyes federales de inmigración, y un programa de legalización para una porción de los alrededor de 11 millones de personas que se estima están en Estados Unidos ilegalmente.