Una ordenanza de Farmers Branch que prohibe a inmigrantes indocumentados rentar apartamentos en la ciudad es anticonstitucional, dictaminó un juzgado federal esta semana.

La juez de distrito federal Jane J. Boyle de Dallas determinó que la ordenanza era un intento de aplicar las leyes federales de inmigración, lo que según la magistrada es competencia única del gobierno federal.

Boyle emitió un mandato permanente para impedir que Farmers Branch ejerza su ordenanza 2952.

"La ordenanza 2952 es una norma de inmigración y es impedida por la Cláusula de Preponderancia de la Constitución de los Estados Unidos porque la facultad para regular la inmigración es exclusiva de federación", escribió en el fallo.

"La ordenanza aplica figuras federales de inmigración para fines no autorizados o contemplados por la ley federal. En consecuencia, la Ordenanza crea una restricción adicional a la residencia de extranjeros en la ciudad".

El alcalde de Farmers Branch Tim O'Hare dijo que estaría a favor de presentar una apelación contra el fallo de Boyle; pero, agregó, el cabildo tendría que votar el asunto.

"El pueblo estadounidense está cansado de jueces que legislan desde su asiento", dijo O'Hare.

"Finalmente tendremos nuestra oportunidad de llevar este asunto al nivel de la corte de apelaciones, donde esperamos ganar. Esta decisión no es inesperada, sino bienvenida, porque nos permite acercar más la ordenanza a la realidad".

La reacción al fallo no se hizo esperar en todo el país.

En Austin, en la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, la directora legal Lisa Graybill elogió el fallo diciendo que "confirma lo que ya sabíamos desde el principio de esta lucha, en noviembre de 2006: que el intento de Farmers Branch de legislar en el ámbito de la inmigración es un intento quijotesco de circunvalar la ley federal y sin duda sentó un precedente.... Ojalá la ciudad de Farmers Branch desista del negocio de legislar asuntos de inmigración y se aboque a cumplir sus obligaciones municipales a través de políticas locales constitucionales y más constructivas".

Por varios años Farmers Branch ha estado tratando de aplicar una prohibición a los caseros de rentar habitaciones a los inmigrantes ilegales. La ordenanza 2952 fue el intento más reciente.

Versiones anteriores del decreto han sido anuladas por tribunales federales.

La ciudad ha gastado $3.2 millones en pleitos legales contra sus iniciativas.

El cabildo fue informado en febrero por su director de finanzas que podrían ser necesarios otros $623,000 para seguir litigando el año que viene.

Las ordenanzas contra el alquiler de espacios a inmigrantes indocumentados y las querellas resultantes han intensificado las fricciones en la comunidad y áreas colindantes, y atraído la atención nacional.

Dos tercios de los electores de Farmers Branch aprobaron una versión de la ordenanza en unos comicios en el 2007. FARMERS BRANCH