La ley de Arizona para remover a los inmigrantes indocumentados ha acaparado los titulares en toda la nación.

Y en Texas el número de ciudades y condados que este año se han sumado al programa federal contra los inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves se ha más que duplicado discretamente.

Más de la mitad de los condados de Texas ahora participan en la iniciativa conocida como "Secure Communities".

El programa maneja un banco de huellas dactilares de toda persona que haya tenido contacto con las autoridades federales de inmigración.

El condado de Dallas fue el segundo en el país que se adhirió al programa de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El plan está dirigido contra "los peores de los peores", según funcionarios de la agencia. Aún así, la gran mayoría de los nombres que pasan por revisión en el sistema no encajan en ese perfil.

Secure Communities tiene por objeto localizar a aquellos que, entre otros cargos, estén acusados de homicidio, violación y delitos contra la salud y con una sentencia de más de un año.

Unas 35,000 personas fueron identificadas en todo el país como acusadas o condenadas por delitos denominados de Nivel 1, y casi 9,000 fueron deportados con condenas que entran en esa categoría.

En el condado de Dallas 886 inmigrantes fueron acusados o condenados por delitos de Nivel 1, y 354 que tenían condenas de esa categoría han sido deportados.

"Hemos procesado para su remoción a individuos muy malos que hemos retirado de las calles por la seguridad de la sociedad", declaró Nuria T. Prendes, directora de oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE en Dallas.

Muchos nombres, pocos criminales

En un caso ocurrido en agosto pasado, la cárcel del condado de Dallas ingresó a un hombre oriundo de Guatemala y cotejó los registros de las dos bases de datos federales.

Los oficiales descubrieron que ya había sido condenado por asalto agravado con arma mortal, tenía varios arrestos por posesión de enervantes y había sido deportado.

ICE lo procesó con un nuevo cargo de reingreso ilegal al país.

Pero tales casos no son la norma.

Sólo el 15% de las personas investigadas por el programa han cometido delitos graves, según los criterios del gobierno federal y la información recabada en los primeros 18 meses de la iniciativa.

En este esquema las huellas digitales de una persona registradas al ser ingresada a la cárcel son vinculadas simultáneamente a una base de datos de antecedentes penales federales del Departamento de Justicia y otra del Departamento de Seguridad Nacional que revela si el detenido ha tenido contacto con las autoridades migratorias.

El banco de información de Seguridad Nacional actualmente contiene más de 100 millones de juegos de huellas dactilares.

No todas las personas identificadas en Secure Communities son indocumentados, pues también se tiene registro de ciudadanos naturalizados y residentes permanentes.

Los residentes legales pueden ser deportados si son acusados de algunos delitos mayores. Los ciudadanos naturalizados no.

Los críticos afirman que Secure Communities fomenta la categorización racial, señalamiento que el gobierno federal rechaza diciendo que las huellas digitales no tienen color.