Atlanta – Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes temporalmente parte de ley de inmigración de Alabama, considerada la más estricta en Estados Unidos, al disponer que ese estado no puede obligar a las escuelas a que verifiquen la condición migratoria de los estudiantes, pero dejó vigente el punto que permite a la policía detener a personas si sospecha que carecen de permiso para estar en el país.

La Corte de Apelaciones del 11mo circuito emitió su fallo ante la impugnación a la ley que presentó el gobierno del presidente Barack Obama, el cual argumentó que la normativa podría tensar las relaciones con países latinoamericanos. Grupo defensores de los inmigrantes señalaron que la normativa suscitará el "caos" en el estado.

La opinión del viernes de esa instancia judicial también bloqueó una parte de la ley de Alabama que convierte en delito que los inmigrantes carezcan de la documentación adecuada.

Una decisión definitiva sobre la ley no será efectuada durante meses a fin de dar mayor tiempo a la presentación de argumentos.

Diversos hispanos temerosos han abandonado el estado desde que un juez federal ratificó a finales de septiembre la entrada en vigencia de partes de la ley ante el temor de que fueran arrestados o perseguidos por la policía.

Numerosos trabajadores de la construcción, jardinería y del campo dejaron de presentarse en sus labores y grandes números de estudiantes hispanos se han ausentado de las escuelas públicas.

A fin de afrontar la escasez de mano de obra, el comisionado de agricultura de Alabama, John McMillan, propuso que los agricultores consideren la contratación de reclusos conforme al programa de trabajo condicionado a libertad que existe en el estado.

El Departamento de Justicia describió la ley de Alabama como un "nuevo régimen estatal radical" y solicitó a la corte de apelaciones que prohíba a los estados la creación de un mosaico de políticas de inmigración.

El organismo dijo que la normativa podría tensar las relaciones diplomáticas con países latinoamericanos, los cuales han advertido que la ley podría tener repercusiones en millones de trabajadores, turistas y estudiantes en Estados Unidos.

La ley, dijo el departamento, convierte a los inmigrantes sin permiso para estar en el país en una "clase única sin capacidad para conseguir legalmente vivienda, obligar el cumplimiento de un contrato o enviar a sus hijos a la escuela sin temor de que la inscripción sea utilizada como instrumento para detenerlos o expulsarlos así como a los integrantes de sus familias".

Mientras tanto, el subsecretario de Justicia federal a cargo de los derechos civiles, Thomas Pérez, se reunió con muchos hispanos y otras personas en una escuela primaria de Birmingham esta semana para pedirles que informen sobre cualquier problema causado por la ley.

Pérez dijo que el Departamento de Justicia necesita información sobre cualquier potencial violación de los derechos civiles por causa de la ley. Hablando tanto en español como en inglés, dio a la multitud un número de teléfono y una dirección de correo electrónico creadas para recibir las denuncias.

La inmigración se ha convertido en la última década en un tema crucial en Alabama en momentos en que la población hispana se ha incrementado 145% y ha alcanzado 185,600 personas, la mayoría de ellas de origen mexicano. Algunos condados del norte de Alabama tienen comunidades numerosas de habla hispana así como escuelas en las que la mayoría de los estudiantes son hispanos.

Tanto detractores como partidarios consideran la ley de Alabama más estricta que leyes similares promulgadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. Los jueces federales en esos estados han bloqueado totalmente o parcialmente esas normativas.

La gobernadora Jan Breweer solicitó a principios de año a la Corte Suprema que resolviera la lucha legal en torno a la ley estricta de inmigración de su estado.