En medio de toda la retórica en torno al asunto de la inmigración ilegal, a menudo se hace difícil mantenerse al tanto de los hechos.

En el debate sobre este tema se han descrito simultáneamente las medidas del gobierno del Presidente Obama como un esfuerzo equivocado por deportar ciegamente a un número récord de inmigrantes ilegales o, por otro lado, como una amnistía generalizada que hace caso omiso de nuestra responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración; dos puntos de vista contradictorios que no pueden ser ciertos a la vez.

Esta semana, al dar a conocer nuestras estadísticas de fin de año fiscal sobre la deportación de inmigrantes ilegales, no hay duda de que la retórica de ambas partes será más acalorada.

Está claro que es hora de mostrar la realidad.

Como el presidente Obama y yo hemos reiterado una y otra vez, nos hemos comprometido a velar por el cumplimiento de la ley de inmigración de manera sensata y eficaz, y dedicar nuestros recursos de control a deportar a las personas en las categorías de mayor prioridad para nosotros.

Estas prioridades incluyen la identificación y deportación de quienes han trasgredido leyes penales, representan una amenaza contra la seguridad nacional, acaban de cruzar la frontera ilegalmente, además de los trasgresores reincidentes de las leyes de inmigración y fugitivos de la corte de inmigración. En pocas palabras, estamos dándole prioridad a las deportaciones que tienen un impacto en la seguridad pública y nacional.

Estamos viendo resultados. En el año fiscal 2011, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a 396,906 personas. De ellas, casi 55% o 216,698 fueron personas declaradas culpables de cometer crímenes o delitos, un aumento de 89% con respecto a criminales deportados en el año fiscal 2008. Esto incluye a 1,119 personas sentenciadas por homicidio, 5,848 sentenciados por delitos sexuales; 44,653 sentenciados por crímenes vinculados con drogas, y 35,927 sentenciados por conducir intoxicados.

ICE también logró resultados similares respecto a fijar prioridades para otros tipos de deportación. Más de dos tercios de las otras deportaciones en el 2011 fueron, ya sea, personas que cruzaron la frontera recientemente o trasgresores reincidentes.

A pesar de que continuamente refinamos el objetivo estratégico de nuestra labor, reconozco que el control de inmigración puede tener un gran impacto, y no siempre se han explicado claramente algunos de los programas y la política del ICE. Estamos comprometidos a interaccionar directamente con las comunidades y seguiremos analizando los resultados de nuestros programas y haciendo las mejoras que sean necesarias para cumplir con nuestras prioridades.

Como parte del esfuerzo por asegurarse de que el sistema de inmigración pueda enfocar sus recursos en casos de alta prioridad, el ICE ha implementado medidas y procesos que aseguran que quienes velan por el cumplimiento de las leyes de inmigración hagan uso apropiado de las facultades discrecionales con las que ya cuentan. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anunció recientemente que realizará un análisis de los casos pendientes de deportación para centrarse primero en los de alta prioridad.