La decisión en materia de legislación migratoria más importante en décadas en Estados Unidos está en manos de la Corte Suprema.

Esta semana la máxima corte de la nación escuchó los argumentos del gobierno federal contra la ley migratoria promulgada por Arizona. Dicha ley criminaliza el hecho de vivir en el estado sin estatus migratorio legal, y permite a las policías locales indagar sobre el estatus migratorio de toda persona que se sospeche pueda ser un inmigrante no autorizado. Se espera que la Corte Suprema decida el caso en junio.

La inmigración es un tema que confronta a diversos grupos ideológicos en el país. Por lo general, este debate se expresa a gritos exacerbados por las pasiones respecto al tema y casi nunca se dialoga en base a hechos y con el ímpetu de encontrar soluciones viables.

Es por tanto que lo que la Corte Suprema decida tendrá amplias implicaciones para el futuro de cualquier intento de legislación federal al respecto. Pero también puede abrir o cerrar la puerta a que estados y municipalidades consideren el estatus migratorio de las personas como un asunto doméstico y de su jurisdicción.

Arizona, así como otros estados como South Carolina y Alabama, alegan que su intención es “remendar” una política deficiente y fracasada de la administración del presidente Barack Obama. El pedido común es “asegurar las fronteras”.

Pero hay que destacar que la administración de Obama, en poco más de tres años, ha sido sumamente eficiente en aplicar la ley migratoria bajo el argumento de tener mano dura con los inmigrantes con antecedentes criminales o peligrosos: ha deportado a un número récord de indocumentados, y según un estudio de la Universidad Syracuse, un 70% de estas personas no habían cometido crímenes mayores. También decenas de miles de familias han sido separadas por esta política del gobierno, según el Immigration Policy Center.

En repetidas ocasiones Obama ha dicho que no puede hacer nada para detener las deportaciones, porque su trabajo es aplicar la ley tal y como fue aprobada por el Congreso. Tampoco ha utilizado la discrecionalidad de sus facultades ejecutivas para impulsar el llamado “Dream Act” y auxiliar a jóvenes estudiantes que inmigraron al país cuando eran pequeños. También, por tercer año consecutivo, han bajado el número de detenciones en la frontera con México.

Ante estos argumentos, no se puede decir que el gobierno federal ha fracasado en aplicar la ley existente.

El fracaso es solo presentar una solución punitiva a un problema mucho más complejo y para el cual no hay soluciones fáciles.

En Al Día creemos lo siguiente:

Es urgente que el Congreso y el gobierno de Obama reconcilien sus posiciones para aprobar una nueva legislación en materia migratoria alejada de discursos partidistas y que sea “práctica”. Una ley que responda al marco legal, a las necesidades de la economía, y a la situación familiar de los inmigrantes. No se trata de expedir una política de puertas abiertas y de ignorar el escrutinio de quienes quieran emigrar, sino de crear un sistema para balancear la aplicación de la ley con el reconocimiento de que hay en el país casi 11 millones de personas que, si se les ofrece una vía a la regularización, podrían contribuir más.