Miami — Estados Unidos está encerrando más inmigrantes irregulares que nunca y eso ha generado un negocio lucrativo para las mayores empresas privadas de reclusorios. The Associated Press descubrió que esas compañías han gastado decenas de millones de dólares en cabildeos para influir en los legisladores y han aportado generosamente a sus campañas electorales.

El costo para el erario llegará este año a $2,000 millones y en los próximos años las empresas calculan que recibirán aún mucho más dinero gracias a los planes gubernamentales para albergar a los 400,000 inmigrantes ilegales detenidos anualmente.

Tras una década de expansión, el sistema privado que regenta centros de detención va desde un suburbio de Denver a la zona industrial adyacente al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. El sistema es en su mayoría controlado solamente por tres empresas.

El crecimiento no ha bajado su ritmo, pese a la baja de inmigrantes sin papeles en los últimos años.

En el 2011, casi la mitad de las camas en el sistema de detenciones civiles estaban en centros privados con escasa supervisión federal, frente al 10% hace una década.

Las empresas recibieron además fondos de filiales que imparten cuidados médicos y transporte. Tienen encerrados más inmigrantes ilegales hallados culpables de delitos federales en su sistema de reclusorios privados.

Salen de la bancarrota

La bonanza financiera, que sacó casi de la bancarrota a varias de esas empresas, ocurrió pese a que los funcionarios federales reconocieron que la privatización no es necesariamente más barata.

El cambio generalizado al sistema de reclusorios privados comenzó discretamente. Aunque el Congreso no ha logrado enmendar las leyes de inmigración, sus gestiones para aumentar el dinero que el erario destina a los centros privados de detención atrajo mucha menos atención.

Los gigantes del sector —Corrections Corporation of America, The GEO Group y Management and Training Corp.— han gastado por lo menos $45 millones en donaciones electorales y cabildeo en la última década, descubrió AP.

CCA y GEO, que administran la mayoría de prisiones privadas, insistieron que no influyen en los legisladores para ganar más.

“CCA no cabildea en temas que establecen las bases para la detención o encarcelamiento individual”, dijo el vocero de CCA Steve Owen en un correo electrónico enviado a la AP.

Activistas por los inmigrantes son excepticos de que el cabildeo no busque influencia en la política gubernamental. “Es demasiado dinero para que sólo se queden escuchando”, dijo Peter Cervantes-Gautschi, quien lidera una campaña que incentiva que la banca y los fondos de inversión se alejen de las empresas de prisiones privadas.

Los centros de detención están localizados en ciudades y áreas remotas. La Agencia de Control Migratorio (ICE) detiene hombres, mujers y niños sospechosos de violar las leyes migratorios en estos lugares. La mayoría de detenidos en 250 prisiones esperan deportaciones, pero también hay residente permanentes, gente que busca asilo y otros casos.

Pedro Guzmán estuvo detenido en uno de estos centros de reclusión. Él vino de Guatemala junto a su madre cuando tenía 8 años. Trabajaba y vivía legalmente bajo el TPS, pero fue detenido luego de faltar a una audiencia para su pedido de asilo. Se ordenó su deportación.

Pese a estar casado con una estadounidense, ICE consideró que había riesgo de que huyera y lo recluyó en el 2009. Primero en un centro privado de CCA en Gainesville, Ga. y luego en el Stewart Detention Center, de la misma empresa, en el sur de Atlanta. Guzmán estuvo detenido 19 meses hasta que finalmente obtuvo su residencia permanente.

“Es un negocio de millones y sacan ganancia de cada persona que llega cada noche”, dijo Guzmán, que trabaja instalando cables en Durham, N.C. “Es el dinero que ganamos como contribuyentes el que termina pagando esto”.

Las empresas privadas sostienen que pueden ahorrar dinero al erario en los centros que regentan.

Pablo Páez, vocero de la empresa de Boca Ratón, Fla., GEO, dijo en un correo electrónico que su empresa respalda la alianzas entre el sector público y el privado “que han demostrado ahorrar cifras importantes a los contribuyentes”.