La licencia de manejo es indispensable en Texas para quienes buscan trabajo. Pero, ¿podrán los indocumentados menores de 30 años que reciban el amparo de la iniciativa de deportación diferida y permisos temporales de trabajo conseguir una licencia de manejo en Texas?

A pesar de la retórica del gobernador Rick Perry, quien afirmó que nada cambia en Texas y que el programa no le confiere “en absoluto el estatus legal a ningún extranjero que cumpla sus requisitos”, la respuesta parecer ser que sí podrán conseguir licencias.

Según Tom Vinger, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la agencia que otorga las licencias, quienes reciban la acción diferida y presenten la autorización de trabajo EAD (Employment Authorization Document) o la tarjeta I-766, cumplen con los requisitos de identidad y “presencia lícita” que requiere la agencia.

“Si son elegibles, pueden recibir una licencia de manejo que expira cuando el permiso de trabajo expire”, dijo Vinger.

Y, ¿tendrán derecho a obtener una tarjeta del Seguro Social?

También, afirma Vanna Slaughter, directora de servicios de inmigración para Caridades Católicas de Dallas. Las tarjetas del Seguro Social seguramente especificarán que su vigencia coincide con la validez y término del permiso de trabajo, dijo Slaughter.

De acuerdo con el programa, los jóvenes de 30 años o menos que estén inscritos en la escuela al día que presenten su solicitud podrán recibir una suspensión de posibles deportaciones si demuestran que llegaron al país antes de los 16 años, han vivido en el país los últimos cinco años y no tienen condenas por ciertos delitos ni representan un peligro para la seguridad.

En Arizona, donde el gobierno estatal ha librado batallas con activistas y con el gobierno federal sobre las leyes de inmigración, la gobernadora Jan Brewer dijo la semana pasada que su gobierno no proveería licencias de manejo. Lo mismo se dijo en Nebraska.

En Texas, Perry envió una carta a las agencias estatales el 16 de agosto, en la cual aparentaba ser igualmente duro.

La carta decía, “para evitar cualquier confusión sobre el impacto de las acciones de la administración Obama, escribo para asegurarme que todas las agencias de Texas entiendan que las guías de la Secretaria (de Seguridad Nacional, Janet) Napolitano le confieren absolutamente ningún estatus legal a ningún extranjero que sea elegible para la designación federal de acción diferida”.

Perry añadió que, “estas guías no cambian nuestras obligaciones bajo la ley federal ni la ley de Texas para determinar la elegibilidad de una persona para beneficios públicos locales o estatales”.

Pero mientras que la iniciativa de acción diferida no pro-vee estatus migratorio legal, aparentemente sí cumple la definición de presencia legal en Texas.

La carta de Perry no habla sobre las licencias de manejo. Y la postura del gobernador hacia los estudiantes indocumentados pareciera ambigua, ya que él apoyó darles colegiatura de residente texano.

“Realmente trata de hacer un acto de malabarista”, comentó Dan Kowalski, un abogado de inmigración de Austin. “Está aplacando al Tea Party y a la vez tratando de no hacer enojar a los votantes latinos”.

El Instituto de Política Migratoria en Washington estima que hasta 1.76 millones de indocumentados podrían beneficiarse eventualmente con la iniciativa de acción diferida.