Washington — La Suprema Corte parecía indecisa esta semana sobre qué hacer con las elecciones en Texas para la legislatura estatal y el Congreso en un caso que podría afectar la Ley de Derechos Electorales federal y hasta el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes, así como generar dos elecciones primarias en el estado.

Las primarias texanas ya fueron retrasadas una vez, de marzo a principios de abril, por una disputa entre el gobierno estatal, bajo dominio republicano, y grupos minoritarios.

Varios magistrados analizaron si las cortes podrían resolver el caso a tiempo para los comicios de abril.

“¿Por qué no se puede retrasar todo esto? Se eliminarían muchos problemas que estamos teniendo en este caso”, se preguntó el magistrado Samuel Alito.

Luego de los argumentos de la Suprema Corte, el presidente del Partido Republicano en Texas afirmó que el estado podría verse obligado a tener dos elecciones primarias.

Steve Munisteri mandó un email el martes afirmando que queda poco tiempo para organizar la primaria presidencial y las elecciones primarias estatales el mismo día que las primarias para la Cámara de Representantes y la Legislatura estatal. Las dos últimas dependerán del fallo de la Suprema Corte, pero las primarias están agendadas para el 3 de abril.

Munisteri dijo que si la Suprema Corte no emite un fallo para tener mapas políticos para el fin de enero, no habrá tiempo para elegir a los delegados que asisten a la convención del partido en junio. Eso significa que el partido tendría que votar en abril para las contiendas que no están relacionadas con distritos, y una segunda primaria para el Congreso federal y la Legislatura estatal.

El punto contencioso es si los latinos y afroamericanos que constituyeron la mayoría de los 4 millones de nuevos habitantes del estado en el censo del 2010 tienen un poder político proporcional.

El resultado también determinaría el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes en las elecciones de este año para el Congreso. Los republicanos actualmente tienen la mayoría.

Los magistrados deberán decidir si se debe aplicar el plan del estado o los mapas trazados por jueces federales en San Antonio, que son más favorables a las minorías, o si se debe emprender otra medida.

No hubo un consenso claro en una sesión en la que se presentaron argumentos en el tribunal, aunque los magistrados liberales parecían simpatizar más con las minorías mientras que los conservadores parecían más favorables al estado.

El forcejeo legal se complica por la participación de tres instancias federales: cortes distritales en San Antonio, en Washington y la Suprema Corte.

La disputa gira en torno a la Ley de Derechos Electorales, que protege a las minorías raciales y étnicas de discriminación en las urnas. Además 16 estados, principalmente en el sur y con historia de discriminación electoral, deben obtener la aprobación del Departamento de Justicia o de una corte en Washington antes de introducir cambios en sus prácticas electorales.

Texas es uno de los estados que debe cumplir el llamado requisito de preautorización para sus cambios electorales.