Austin —El rechazo del gobernador Rick Perry a que Texas reciba fondos para ampliar el programa Medicaid y dejar que el gobierno federal cree una bolsa de seguro médico, mandato de la nueva ley federal de salud, implicaría cargas para quienes no tiene seguro médico, para los contribuyentes locales y recortes en financiamiento a hospitales públicos.

Se estima que uno de cada cuatro texanos no cuentan con cobertura médica, y ahora la postura de Perry asegura que el programa Medicaid, que provee cobertura médica a personas de pocos recursos, seguirá siendo un tema problemático con el que los legisladores estatales tendrán que lidiar otra vez el año que viene. Se estima que un 30% de los residentes del Norte de Texas no tienen seguro médico.

Poco después de que Perry emitió su carta de rechazo a la secretaria de Servicios Humanos y de Salud Kathleen Sebelius y una declaración en la que denuncia la ley de salud promovida por el presidente Barack Obama como “abuso de poder”, los proveedores de servicios médicos dijeron que les gustaría conocer el plan del gobernador para atacar el masivo problema de la falta de seguro en el estado.

Perry no presentó ninguno, aunque dijo confiar en que el estado haría un mucho mejor trabajo si pudiera disponer de los $18,000 millones en fondos federales del Medicaid que el estado recibe cada año sin condiciones.

“Que nos devuelvan a los estados el dinero que enviamos en un fondo global; de esa forma Oklahoma, California o Texas tomarían las decisiones adecuadas sobre cómo brindar servicios de salud en sus estados en vez de que se aplique una fórmula general para todos a como dé lugar”, dijo Perry a una estación de radio de Midland.

Perry quiere que el estado rechace la provisión del Medicaid que daría cuidado médico a más de 1.5 millones de adultos pobres y sin hijos que actualmente no tienen derecho a este beneficio. Además, calificarían hasta 300,000 mujeres embarazadas, niños y padres en pobreza extrema que ya cumplen los requisitos pero que no se han dado de alta.

La cobertura empezaría en el 2014. En los primeros cinco años, el costo de la expansión para el estado sería de $5,800 millones, y Texas recibiría $76,300 millones en fondos compensatorios federales.

A pesar de esa eventual ganancia para el estado, Perry dijo que sería insensato ampliar “un sistema roto que ya es insostenible financieramente”.

El gobernador republicano dijo también a Sebelius que se opone a crear una bolsa estatal de seguros de salud, porque, dijo, dejaría abierta la puerta al control federal sobre los mercados de seguros de Texas.

El gobierno federal establecerá la bolsa, conocidas en inglés como exchanges, si Texas no lo hace.

La postura conservadora

La maniobra de Perry fue el más reciente giro político luego de que la Suprema Corte ratificó la mayor parte de la ley de reforma de salud del 2010.

Aunque las batallas legales han sido más que nada en torno al requisito de que las personas compren seguro, se previó que el grueso de la expansión de la cobertura de seguro tenga lugar a nivel estatal.