El fallo de la Suprema Corte que anuló gran parte de la dura ley de Arizona dirigida contra la inmigración ilegal fue un triunfo para aquellos que defienden a los indocumentados en Farmers Branch.

¿O realmente lo fue?

En procedimientos jurídicos acerca de la fallida ordenanza de verificación de estatus migratorio en la renta de vivienda en Farmers Branch, ambas partes afirman que el veredicto sobre la ley de Arizona refuerza su argumentación ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito Federal.

El gobierno municipal pide una nueva audiencia ante el pleno del tribunal de apelaciones después de que un panel de tres jueces fallara en contra de la ordenanza.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha combatido la ordenanza, argumenta que la Suprema Corte en su dictamen del 25 de junio sobre la ley de Arizona afirma varios puntos fundamentales a favor de sus clientes.

Entre ellos: la remoción de ciudadanos extranjeros de Estados Unidos es asunto de “relaciones exteriores y debe ser tomado con una sola voz”, y que el “proceso de remoción se confía a la discreción del gobierno federal”, se lee en una presentación en papelería de la ACLU.

El fallo de Arizona también reafirma que ese estado no puede promulgar leyes que, como lo hacen las estipulaciones sobre permisos de ocupación de vivienda de la ordenanza, exijan a los no ciudadanos registrarse ante las autoridades locales y demostrar su situación migratoria, dicen equipos de abogados que trabajan con la ACLU.

Esto último no es cierto, afirma Kris Kobach, el asesor jurídico externo de la ciudad.

En una presentación ante el tribunal, Kobach centró su argumentación en el hecho de que la Suprema Corte ratificó la estipulación más controvertida de la ley de Arizona de 2010.

Dicho apartado permite a las autoridades policiales locales verificar la situación migratoria de aquellos a los que detengan o arresten.

“Arizona mantuvo la cláusula más parecida a la ordenanza en este caso: la que ordena la comunicación entre las autoridades locales e Inmigración y Aduanas (ICE) en lo que concierne a la situación migratoria de los extranjeros”, escribió Kobach en la presentación de Farmers Branch.

Tanto la ley de Arizona como la ordenanza de Farmers Branch se apoyan en una sección del código federal que pide la comunicación entre las autoridades locales y el organismo federal de inmigración para tratar la situación de un inmigrante.

El dictamen de Arizona, por lo tanto, menoscaba la opinión mayoritaria en el caso de Farmers Branch emitida en marzo por un pequeño panel de jueces de la corte con sede en Nueva Orleáns, declaró Kobach.

Una cosa es clara en esta querella iniciada hace casi seis años para determinar quienes pueden tomar en arriendo un apartamento o casa en Farmers Branch, comunidad de 28,616 habitantes: que aún no acaba.

La corte de apelaciones no se ha fijado un plazo para tomar una decisión.