Ciudad de México — La presunción de lavado de dinero en la campaña presidencial del ganador Enrique Peña Nieto unió a la izquierda y la derecha, que solicitaron a la autoridad electoral acelerar las investigaciones para determinar si hubo manejo ilegal de fondos a favor del político del PRI.

Los presidentes del conservador y oficialista Partido Acción Nacional (PAN) y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron que además de la solicitud al Instituto Federal Electoral (IFE) para resolver el posible uso irregular de recursos, presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague en el ámbito penal el posible lavado de dinero.

La dirigencia del PRI negó las acusaciones y anunció que presentará una denuncia ante la PGR para que investigue los señalamientos para deslindar responsabilidades.

“(El) PRI niega categóricamente el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial, o que se hayan rebasado los topes de gastos de campaña”, dijo su presidente, Pedro Joaquín Coldwell.

El IFE señaló en un comunicado que con la información que le han entregado los partidos no es posible hasta ahora “asegurar la comisión de faltas o delitos de algún partido”. Sin embargo, refirió que aún continua con las investigaciones sobre el dinero gastado en las campañas electorales.

El PRD y el PAN aclararon que sólo están unidos en esta petición en torno al lavado de dinero, pero que mantienen sus diferencias respecto a otros aspectos de la elección.

Mientras el PRD ha pedido la invalidez de los resultados de la elección, el PAN sólo ha dicho que hubo algunas irregularidades específicas, pero que a su juicio no eran suficientes como para demandar la anulación.

La primera denuncia pública sobre posible lavado de dinero a favor del PRI la hizo el miércoles Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD. El partido de Peña Nieto rechazó los señalamientos y dijo que era “una abierta difamación”.

Ahora, el PAN dijo que también cree que hay elementos de lavado de dinero.

La izquierda ha dicho que tiene documentos que demostrarían que algunas empresas y al menos una persona habrían transferido y depositado recursos millonarios de procedencia irregular al grupo financiero Monex, para una posible compra de votos a favor del PRI a través de tarjetas de débito.

Tanto el PRD como el PAN creen que el dinero depositado podría proceder de presupuestos públicos de estados gobernados por el PRI o incluso del crimen organizado.

Jesús Murillo, coordinador del equipo legal que defiende el triunfo de Peña Nieto, dijo que el PRI no realizó ningún contrato con Monex ni recibió de ese grupo financiero dinero alguno.

Pero refirió que el partido contrató a la empresa Alkino Servicios y Calidad para que les consiguiera tarjetas de débito prepagadas con las cuales le pagaron a personas que trabajaron para el PRI.

Aseguró que esos recursos son parte de los gastos ordinarios del partido y no de los realizados propiamente para la campaña presidencial.

El PRD ha presentado tarjetas de débito expedidas por Monex a la prensa que supuestamente fueron usadas por el PRI.

Según un texto que el PRI presentó a las autoridades electorales, y que fue distribuido a la prensa, el partido recibió 7,851 tarjetas de prepago de Alkino, las cuales tenían un saldo total de poco más de 66.3 millones de pesos (unos $5 millones).

Peña Nieto ganó la elección con 38.21% de los votos. El tribunal tiene hasta el 6 de septiembre para emitir un fallo sobre las denuncias del PAN y el PRD y validar o no la elección.