Hace días una Corte de Apelaciones del Circuito Federal dictaminó que las parejas del mismo sexo tienen el mismo derecho a las prestaciones federales que las heterosexuales.

Si la Suprema Corte ratifica el fallo, Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estará obligado a aprobar peticiones en casos de matrimonio entre personas del mismo sexo.

La Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) siempre fue un asunto de inmigración.

El Congreso aprobó DOMA para impedir que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pidieran a cónyuges del mismo sexo.

El Congreso aprobó DOMA en 1996, que excluía de prestaciones federales —como la petición de un cónyuge— a las parejas del mismo sexo.

Ahora, 16 años después, la Suprema Corte tiene revisará la constitucionalidad de DOMA.

A pesar de la tendencia conservadora de la Suprema Corte, estoy convencido de que el tiempo es propicio para poner fin a la discriminación federal contra las parejas gay.

La decisión de la Corte de Apelaciones la semana pasada con relación a la DOMA se centró sólo a si el Congreso puede restringir prestaciones federales a parejas del mismo sexo que ya estaban legalmente casadas bajo una ley estatal.

El tribunal no consideró si la prohibición de los matrimonios del mismo sexo, como la de California, contraviene la Constitución de los Estados Unidos.

Ese es un asunto diferente con un conjunto de criterios constitucionales diferentes.

La Suprema Corte puede dictaminar también sobre ese asunto, pero puede anular la DOMA sin ratificar un derecho general al matrimonio gay.

Al concluir que la Constitución prohíbe negar prestaciones federales a parejas del mismo sexo, la Corte de Apelaciones fundamentó su decisión en la relación entre dos conceptos constitucionales: la responsabilidad de la corte de someter a escrutinio y desalentar la discriminación y la tradicional deferencia del gobierno federal a la ley estatal en asuntos de derecho familiar.

Como declaró la Corte de Apelaciones, “el asunto de las relaciones domésticas de marido y mujer, padres e hijos, compete a las leyes de los estados y no a las leyes de Estados Unidos”.

La idea de que el gobierno federal debe dar deferencia a la ley estatal en asuntos de matrimonio siempre ha servido de guía a USCIS y a la dependencia que lo precedió, el Servicio de Inmigración y Naturalización.

USCIS se guía en la ley estatal en lo concerniente a edad de consentimiento para el matrimonio, y a si el matrimonio entre familiares tiene validez.

Este concepto del “derecho de los estados” deberá impeler a los miembros más conservadores de la Suprema Corte a concluir que DOMA viola la Constitución.

No querrán que el gobierno federal diga a los estados quién se puede casar.

Pero la decisión de la Corte de Apelaciones la semana pasada es más que un repudio a la interferencia federal en un asunto estatal.

También refleja la disposición de las cortes a ver la discriminación contra homosexuales y lesbianas como contraria a la garantía constitucional de un trato igualitario para todos.

Las cortes de todo el país están respondiendo a una aceptación cada vez más extendida de que gays y lesbianas merecen los mismos derechos y beneficios que otros ciudadanos.

Yo siempre he dicho que el respeto a los derechos de los estados, aunado a un mayor entendimiento del injusto trato de DOMA, hará a la Suprema Corte concluir que la ley es anticonstitucional.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal, un tribunal respetado, ha allanado el camino para eso.

Si la Suprema Corte anula la ley, poco después se hará posible pedir a cónyuges gays.

Como los heterosexuales, las parejas gay tendrán que demostrar que su matrimonio fue de buena fe, es decir “real”.

Tendrán que presentar pruebas, y en casos sospechosos, tendrán que someterse a un municioso escrutinio.

Algunos serán sometidos a la temida entrevista “Stokes”, en la que ambos son separados e interrogados sobre su relación.

Así debe ser. Las parejas gay no piden un trato especial. Quieren un trato igualitario. Si no me equivoco, pronto lo tendrán, al menos en lo se refiere a prestaciones migratorias.

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