Washington — Uno de los mayores malentendidos acerca de la reforma a los servicios de salud promovida por el presidente estadounidense Barack Obama no gira en torno a quiénes cubrirá, sino más bien alrededor de los que no cubrirá.

Si sobrevive al fallo de la Corte Suprema, la histórica reforma extenderá la cobertura a aproximadamente 30 millones de personas que no están aseguradas, de acuerdo con cifras gubernamentales.

Pero unos 26 millones de estadounidenses seguirán sin cobertura, un segmento de la población aproximadamente del número de los habitantes de Texas, en el que están incluidos inmigrantes no autorizados y los que no pueden pagar gastos médicos de su bolsillo para que después se los reembolse el seguro.

En Estados Unidos viven más de 11 millones de indocumentados, de acuerdo con el Centro Hispánico Pew, un organismo de investigación apartidista. Eso equivale a casi el 4% de la población total. Pero en la ley de servicios de salud no hay cláusulas que se refieran a los indocumentados.

No podrán inscribirse al Medicaid, el seguro médico gubernamental para la gente pobre. No serán candidatos a los créditos fiscales que ayudan a adquirir cobertura. Y no podrán utilizar los mercados en línea que el gobierno establecerá para que la gente obtenga cobertura en un proceso similar a adquirir boletos de avión en los sitios de agencias de viajes en internet.

Esos intercambios en línea, de forma muy similar a los créditos fiscales, requerirán demostrar que uno es ciudadano del país.

“Aún necesitarán hallar formas alternas para buscar atención porque nada en la ley realmente extiende la cobertura ni las opciones accesibles de cobertura para los inmigrantes no autorizados”, dijo Sonal Ambegaokar, abogado de políticas de salud en el Centro Nacional de Derecho Migratorio en Los Ángeles.

El tema es políticamente controversial. Por un lado hay personas que dicen que el gobierno debería proporcionar atención médica a todos los habitantes de Estados Unidos, se encuentren en el país legalmente o no. Y hay otras que argumentan que hacer eso podría quitarle recursos valiosos a los ciudadanos estadounidenses.

“Debido al suministro limitado de atención médica, estamos casi ante una necesidad sociológica de establecer prioridades”, dijo Bob Dane, portavoz de la Federación por una Reforma Migratoria Estadounidense, un grupo nacional que busca la implementación de leyes migratorias más estrictas. “Conlleva la pregunta: ‘¿A quién servimos, a quién servimos primero y quién no tiene derecho?“’

Los investigadores han hallado que los inmigrantes tienden a utilizar menos el sistema de atención a la salud que los residentes legales.

En particular, los inmigrantes no autorizados tienden a evitar usar el sistema de atención médica hasta que no les queda otra opción, y primero utilizan remedios caseros o pagan en efectivo cuando requieren ir al médico.

Algunos dicen que excluir a los indocumentados también mantendrá sin seguro a algunos residentes legales. Ambegaokar, abogado de Los Ángeles, menciona el caso de los padres indocumentados con hijos que son ciudadanos.

Si los padres no son candidatos al seguro, podrían no saber que sus hijos sí cumplen con los requisitos.

Y en otras instancias, si un hijo es residente legal y el otro no, los padres podrían decidir no inscribir a ninguno para evitar favorecer a uno por encima del otro.