WASHINGTON-- La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto el lunes las disposiciones clave de la ofensiva de Arizona contra los inmigrantes irregulares.

Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano avaló una parte de la ley que obliga a la Policía estatal a comprobar el estatus de quienes crea que no se encuentran legalmente en Estados Unidos. Esta cláusula, según los magistrados, puede ser litigada por separado en el futuro.

La decisión judicial respalda por el momento la cláusula de “muéstreme sus papeles”, pero le restó fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley de inmigración.

El magistrado Anthony Kennedy escribió que la opinión de la corte fue unánime con relación a permitir que se realice la verificación del estatus migratorio. El máximo tribunal estuvo dividido en torno a derogar las otras disposiciones.

La corte derogó las siguientes cláusulas:

• Requerir que todos los inmigrantes obtengan o porten papeles que demuestren que están registrados ante las autoridades de inmigración;
• Convertir en ofensa penal estatal el que un inmigrante no autorizado busque trabajo o tenga un empleo; y
• Permitir que la policía arreste, sin contar con una orden judicial, a presuntos inmigrantes que carezcan de permiso de residencia.

Activistas proinmigrantes del Norte de Texas se mostraron preocupados por lo que la Suprema Corte dejó vigente.

“Espero que las organizaciones latinas impugnen esta cláusula que todavía permite a la policía discriminar contra personas con cierto perfil étnico”, dijo Gil Cerda, vicepresidente del capítulo de Lulac en Irving, donde la policía municipal coopera muy de cerca con autoridades federales de inmigración.

“Como mexicoamericano, nacido y criado en este país, me ofende que la ley permita a la policía detenerme porque tengo la apariencia de ser indocumentado”, agregó.

Richard Sambrano, un ex empleado del Departamento de Justicia que hoy asesora a Lulac and asuntos de derechos civiles, dijo que la decisión tiene cosas buenas y malas.

"Estoy decepcionado porque no declararon toda la ley (de Arizona) anticonsticional pero por lo menos ya no queda tan estricta como antes", dijo Sambrano, quien vive en Farmers Branch, un suburbio de Dallas que ha tratado de implementar sus propias ordenanzas migratorias en el campo de la vivienda.

El gobierno de Obama había presentado una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue implementada hace dos años. Los tribunales federales se habían negado a permitir que las cuatro disposiciones clave entraran en vigor.

Cinco estados —Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah— han adoptado variantes de la ley de Arizona. Partes de dichas legislaciones también están suspendidas, a la espera del descenlace de este caso de la Corte Suprema.

En Washington el presidente Barack Obama dijo sentirse complacido con la decisión de la Corte Suprema, pero expresó su preocupación por la cláusula que el máximo tribunal dejó intacta.

“Ningún estadounidense debe vivir jamás bajo una nube de sospecha sólo por su aspecto”, afirmó Obama. Agregó que la Policía en Arizona no debería implementar esa cláusula de una forma que socave los derechos civiles.