Corte da revés a Farmers Branch en caso de prohibición de renta de vivienda a migrantes indocumentados

En esta fotografía de 2006, una niña porta la bandera estadounidense durante una manifestación frente al edificio de la ciudad contra la ordenanza de Farmers Branch que requería a los renteros exigir documentación migratoria a solicitantes de vivienda. | AP

Por DIANNE SOLIS/ DMN | 3/21/2012, 9:21 p.m.

Una corte de apelaciones reiteró el miércoles que el reglamento aprobado hace unos años por el ayuntamiento de Farmers Branch para investigar el estatus migratorio de las personas que solicitan una vivienda de renta es ilícito.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito afirma que sólo el gobierno federal puede legislar el control de la inmigración.

"Este es un problema nacional que necesita ser solucionado a nivel nacional… y que impacta la relación de este país con México y otras naciones", escribieron los jueces en su decisión.

Los jueces agregaron que la ordenanza de Farmers Branch, más que un reglamento civil, fue "designado para aumentar la carga de extranjeros, con y sin documentos, en Farmer Branch. Como tal, la ordenanza no sirve ningún interés legítimo".

Bill Glancy, actual alcalde de Farmers Branch, dijo el miércoles que no había leído el veredicto judicial, pero que él apoya la postura de algunos líderes de ese suburbio de Dallas en contra de la inmigración indocumentada porque "creo que es algo que se tiene que hacer".

Glancy no ha decidido si el municipio apelaría la decisión en la Suprema Corte.

El alcalde, que tomó el lugar de Tim O'Hare, el anterior mandatario que abanderó iniciativas contra la inmigración ilegal, dijo que existe poco interés de los inmigrantes por integrarse a la vida cívica de su comunidad. Enfatizó que pocos de ellos acuden a las clases de inglés y de ciudadanía que ofrece el ayuntamiento en la biblioteca pública.

La pelea entre Farmers Branch y los defensores de los inmigrantes comenzó en el 2006, cuando el ayuntamiento propuso una ordenanza que requeriría a los propietarios de departamentos exigir prueba de ciudadanía o residencia legal a sus inquilinos. Dos versiones de tal reglamento fueron invalidadas por juzgados federales en Dallas.

Desde entonces, Farmers Branch ha gastado más de $4 millones en abogados defendiendo su postura en las cortes.

La corte de apelaciones citó leyes antiinmigrantes en Arizona, Alabama y Pennsylvania en su decisión.

"Este trato - que algunos dirían es maltrato - hacia los inmigrantes ilegales en todo el país solo refuerza lo que la Suprema Corte ha dicho al explicar por qué es prioritario tener una política nacional de inmigración que no sea coartada por los caprichos de varios estados", afirmó el juez Thomas Reavley, quien redactó la decisión de la corte de apelaciones.