Durante al menos una generación líderes republicanos nacionales y texanos han visto que el creciente número de estadounidenses hispanos sería un ingrediente clave para construir una mayoría republicana nacional.

No es de sorprender, ya que muchos hispanos son católicos y considerados conservadores socialmente. Son el segmento étnico de más rápido crecimiento, y muchos viven en estados políticamente importantes. La mitad vive en Texas, California y Florida, y algunos estados pendulares como Arizona, Colorado y Nevada, tienen un porcentaje de hispanos mayor a la media nacional.

Dada esas estadísticas, asombra que los republicanos de Texas —y de al menos otra docena de estados— parezcan decididos a empujar a los hispanos y a otras minorías aun más a los brazos del Partido Demócrata. Este será uno de los probables efectos de una serie de nuevas leyes dirigidas a revertir la tendencia de facilitar el voto a lo largo y ancho del país.

Según el Centro Brennan para la Justicia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, entre esas leyes hay algunas para exigir a los electores credenciales de identificación expedidas por el estado y otras concebidas para restringir el voto adelantado y a distancia.

Pero esas iniciativas están empezando a toparse con el Departamento de Justicia de la administración Obama porque, por primera vez en los 47 años que han pasado desde que la Ley de Derechos Electorales fue aprobada para estimular el sufragio de las minorías, el departamento está en manos demócratas al momento del censo, que se levanta cada 10 años.

Este año el departamento frenó un plan de redistritación legislativo y congresional de Texas que ignoraba que el 65% del crecimiento poblacional del estado en 10 años fue hispano. En el ámbito congresional, la Legislatura, bajo control republicano, creó cuatro nuevos escaños con mayorías republicanas anglo, en vez de trazar dos distritos con mayorías hispanas. El departamento frenó la intención republicana de quedarse con los distritos y se llegó a un entendimiento que permitió llevar a cabo las elecciones de este año, pero la situación a largo plazo sigue sin ser resuelta.

La semana pasada el Departamento de Justicia rechazó el plan de identificación electoral que aprobó la mayoría republicana de la Legislatura, la cual podría tener el efecto de privar de sus derechos electorales a miles de electores latinos.

En una carta fechada el 12 de marzo y dirigida al director de elecciones de Texas, Keith Ingram, el subprocurador general Thomas Pérez dijo que Texas ni presentó evidencias de fraude electoral que justificaran la medida, ni demostró que “no tendrá un efecto retrógrada”.

Al examinar los datos presentados por Texas, Pérez dijo que el departamento concluyó que los hispanos tenían menos probabilidades de tener licencia de conducir u otros documentos de identificación expedidos por el Departamento de Seguridad Pública. Concluyó que más de un millón de electores registrados carecían de uno u otro y que “una parte desproporcionada de esos electores son hispanos”.

Según la ley de Texas, un solicitante de certificado de identificación electoral tiene que acudir a una oficina de expedición de licencias de conducir. Pero el departamento señala que más del doble de los hispanos no tiene vehículo en comparación con los blancos, y que 81 de los 254 condados no cuentan con una oficina funcional de expedición de licencias.