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  • 10:59 p.m., 30/10/2014

Gobierno recortaría la espera para la residencia


BRIAN BENNETT/MCT | 3/31/2012, 6:49 a.m.

Washington — La administración Obama propuso agilizar el trámite de residencia permanente para los inmigrantes indocumentados que sean familiares de ciudadanos estadounidenses.

El lunes el Departamento de Seguridad Nacional pedirá al público comentar un cambio administrativo que tiene por objeto reducir el tiempo que los inmigrantes indocumentados tienen que pasar lejos de su familia mientras tramitan su legalización, informaron funcionarios.

El sistema actual exige al solicitante salir primero de Estados Unidos para pedir una dispensa por haber vivido ilegalmente en el país, pero el cambio propuesto permitiría a los inmigrantes indocumentados alegar que el tiempo que pasen lejos de su cónyuge, hijos o padres les causaría una “penuria extrema”, y les permitiría pedir esta dispensa sin salir de Estados Unidos.

Una vez aprobada su petición, se le pediría a la persona salir brevemente del país para recoger su visa en el extranjero.

Actualmente las familias son separadas por varios meses mientras esperan la resolución de su solicitud de dispensa. El cambio reduciría el tiempo de separación a una semana en algunos casos, según funcionarios. La Casa Blanca espera que el nuevo proceso pueda estar en vigencia para finales del año. El cambio no beneficiaría a quienes tienen orden de deportación ni a quienes ya tienen una cita con un consulado o embajada.

David Leopold, abogado de Cleveland y ex presidente de la Asociación America-na de Abogados de Inmigración, dijo que el cambio “es un pequeño giro en el trámite, pero de gran valía para las familias”.

Incapaz de hacer aprobar una reforma migratoria integral en un Congreso dividido, la propuesta es la última en una serie de cambios que la Casa Blanca está haciendo a los trámites de inmigración con el fin de que los fiscales y jueces de inmigración centren su atención en la remoción de los inmigrantes ilegales que representan una amenaza a la seguridad pública o que son infractores recurrentes de las leyes migratorias. Políticos republicanos dicen que el presidente Obama está haciendo un último intento de evadir al Congreso.

“El presidente Obama y su administración están rompiendo reglas establecidas desde hace tiempo para poner a los inmigrantes ilegales por delante de los intereses de los ciudadanos estadounidenses”, dijo Lamar Smith, republicano por Texas. “Tal parece que el presidente Obama juega según sus propias reglas”.

Funcionarios federales de inmigración respondieron que el cambio afectaría únicamente cómo serán procesadas las solicitudes, no si la regularización finalmente es concedida.

“No creo que esas críticas estén justificadas”, dijo Alejandro Mayorkas, titular de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. “Lo que estamos haciendo es reducir el tiempo de separación, no cambiando la norma de obtener una exención”.

Sin una “exención por penuria”, a un inmigrante que se haya quedado más de seis meses del tiempo permitido por su visa se le prohíbe volver a entrar a Estados Unidos durante tres años. A las personas que se hayan que-dado en Estados Unidos más de un año del permitido por su visa se les prohíbe regresar al país durante10 años. Los castigos desaniman a muchos inmigrantes de tramitar su legalización.

Las autoridades de inmigración no saben cuántos de los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tendrían derecho a la exención, dijo Mayorkas. Los expertos estiman que más de 1 millón de personas podrían beneficiarse del cambio.

En el último año la Casa Blanca otorgó facultad discrecional a los fiscales para suspender las deportaciones de inmigrantes que tengan fuertes vínculos con Estados Unidos y no tengan antecedentes penales. Una iniciativa para apartar los llamados casos de “baja priori-dad” de las cortes de inmigración inició en Denver y Baltimore este año y será extendida a otras seis ciudades de todo el país en los siguientes cuatro meses, entre ellas Los Ángeles y San Francisco.

Una vez que la propuesta sea publicada en el Registro Federal, el público tendrá 60 días para emitir comentarios.