Ciudad de México — En un caso que sacudió a la clase política mexicana, fiscales federales de Estados Unidos afirmaron que el ex gobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington, aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Yarrington, se deslindó del escándalo y le pidió enfrentar las acusaciones. También anunció que promoverá la suspensión de su militancia del partido en tanto se determina su situación jurídica.

“El PRI no solapa, bajo ningún concepto, impunidades. Donde se compruebe que ha habido faltas a la ley, esta debe aplicarse con todo rigor”, señaló el partido en un comunicado.

El caso estalla en momentos en los que el PRI lucha por regresar a la presidencia. En esta campaña el partido que gobernó México por 71 años busca dejar atrás la imagen de corrupto y autoritario.

El coordinador de la campaña presidencial, Luis Videgaray, dijo que es “condenable” que un político incurra en actos criminales como el que se le acusa a Yarrington.

“Como priistas hacemos la más enérgica condena y un deslinde claro y completo”, señaló el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y quien aparece en las encuestas como favorito para alzarse con el triunfo en los comicios del 1 de julio.

Millones por protección

Aunque no se ha fincado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue gobernador entre 1999 y 2004, las autoridades buscan decomisar dos propiedades en Texas. Las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público, recibió “millones de dólares en pagos” de cárteles de drogas “y de varios esquemas de extorsión o soborno”.

En ese entonces, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio.

Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 46 acres en San Antonio.

El abogado del ex gobernador aseguró que Yarrington es inocente y que no es dueño de las propiedades que se le atribuyen en Texas.

El abogado Joel Androphy dijo que Yarrington no tiene ninguna conexión con las propiedades y sugirió que otros sospechosos en investigaciones federales lo han implicado para mejorar su propia situación.

El abogado señaló que no podía comentar sobre el paradero de Yarrington, pero aseguró que no está detenido.

Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del cártel del Golfo.

Acusación en Texas

Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de $450,000 dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la policía, según los fiscales.