Casi 1.8 millones de inmigrantes jóvenes tienen el sueño de obtener un permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos al menos por dos años, pero según expertos legales el proceso para solicitar la “acción diferida” podría salirles caro.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cobra $465 por la solicitud de este beneficio, pero a esta cifra se le suman varios cientos de dólares más en documentación y en los honorarios de abogados autorizados.

¿Cómo saber el costo real de este proceso? ¿Qué opciones de bajo costo existen? ¿Dónde informarse de los pasos necesarios? Y finalmente, ¿por qué algunos abogados cobran cientos de dólares y otro miles de dólares por el mismo proceso?

Varios expertos en procesos de inmigración y ayuda legal consultados por Al Día tienen un consejo a quienes están por tramitar el proceso de acción diferida: antes de contratar un abogado, infórmense y comparen los costos.

Los Dreamers deben estudiar sus opciones cuidadosamente antes de contratar a un profesional, dijo Vanna Slaughter, directora del departamento de ciudadanía e inmigración en Catholic Charities de Dallas. Un buen lugar para empezar es en la página del Departamento de Justicia donde se mantiene una lista actualizada de representantes acreditados por la Oficina de Apelaciones de Inmigración (BIA), dijo.

“Sobre todo, el Dreamer solo debe considerar a profesionales autorizados para hacer este tipo de trabajo”, dijo Slaughter. “Luego, sería bueno investigar cuál de esos representantes conviene más para ti. Si no tienes un caso muy complicado, usa un representante más barato y ahorra para tus estudios”.

La disparidad en el costo de esta asesoría responde principalmente a que cada caso es diferente, pero el rango podría ser de entre $500 y $2,000, según los expertos.

“Cuando se trata de honorarios por asesoría legal, es difícil determinar lo que es razonable”, dijo Mónica Lira, una abogada de inmigración en Dallas. “Mis casos varían entre $500 y $1,000”.

Lira, que es presidenta de la Barra de Abogados Hispanos en Dallas, dijo que normalmente sus clientes que no tengan complicaciones por casos con la policía pagarán $600 por sus servicios.

“El precio sube cuando el cliente tiene antecedentes criminales o si tiene una orden de deportación pendiente en el tribunal de inmigración”, dijo.

Los precios que describió Lira coinciden con los de otros abogados especializados en derecho de inmigración. Los miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, de la cual Lira es miembro, aseguran que irán a la corte de inmigración con su cliente en caso de que sea necesario.

Algunas agencias sin fines de lucro cobran menos por sus servicios. Por ejemplo, Catholic Charities representa a un cliente en un caso simple por un mínimo de $280. Pero, la agencia maneja tantos casos que a veces refieren a un cliente con circunstancias especiales a un abogado privado, dijo el abogado Luis Arango.